La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en general su llamado Plan C, no sólo han encendido las alarmas de gobiernos de Estados Unidos y Canadá, sino que ponen en riesgo el “lugar de México en el bloque de Norteamérica”, advierte Ryan C. Berg, director del Programa Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
En un artículo publicado “El plan C de AMLO y el bloque norteamericano, sí podemos mantenerlo”, el doctor Berg señala que en su intento por cimentar su legado y “colocarse a la par” de figuras como Benito Juárez o Lázaro Cárdenas, López Obrador decidió empujar un paquete de reformas conocidas como Plan C.
“Entre otras cosas, están en juego la independencia de los organismos reguladores de México, el organismo electoral de México (que sirve de ejemplo en América Latina) y la independencia del Poder Judicial de México. Por tanto, no es una hipérbole afirmar que la capacidad de México para seguir desempeñando un papel protagonista como socio estratégico en iniciativas de seguridad económica y nearshoring podría evaporarse a raíz de la aprobación del Plan C”, precisa.
La reforma judicial, dice, significa en pocas palabras debilitar el sistema de pesos y contrapesos, “al punto de eliminarlos en la práctica”. No sólo podría conducir a una mayor politización del sistema judicial, sino que probablemente significará que los candidatos aprobados serán aquellos que se alineen a Morena, sin contar con la posibilidad de que el crimen organizado imponga también a sus propios jueces.
El plan C de López Obrador podría tener dos consecuencias básicas, detalla Berg:
-Que el lugar de México en Norteamérica se ponga en duda
-Que a la par que se alejen las inversiones de empresarios países democráticos, poco dispuestos a invertir en un país poco seguro, entren inversiones de países autócratas








